Artículo | Y todos perdemos!

hace 2 semanas

A diferencia del bien intencionado y educativo eslogan “todos ponen” de Mockus, con la decisión de suspender dos licencias urbanísticas del proyecto Ciudadela Tierraviva, tenemos una dolorosa realidad en que “todos perdemos”.


El sector de la construcción es altamente regulado en todo el mundo porque, entre otras razones, el costo de los errores y omisiones se socializa, es decir, se paga entre todos. La gestación y ejecución de los proyectos toma varios años y, por lo tanto, para que esta regulación sea efectiva y eficaz es indispensable que sea clara y estable. En Colombia se ha tratado durante años de generar un entorno legal en este sentido, complementado por la exigencia de estudios y diseños técnicos debidamente revisados y aprobados por las autoridades de forma previa a la ejecución de las obras. La aplicación racional del marco regulatorio existente es la base para que el sector cuente con la confianza indispensable de la ciudadanía y el compromiso de todos los directamente involucrados: los compradores y usuarios, los promotores de los proyectos, los constructores, los proveedores, los obreros, los diseñadores, los financiadores, los ahorradores, los inversionistas, las autoridades, etc. Cuando se socavan las certezas, se menosprecian los soportes técnicos o se desdeñan los trámites realizados, se debilita el compromiso y se rompe la confianza legítima, generando nuevos costos que pagamos todos los ciudadanos.

El principio de precaución, mal entendido, abusado y mal aplicado como en el caso de Tierraviva, nos hará pagar a todos un mayor valor por las viviendas nuevas para resolver “problemas” imaginarios. Se hicieron y aprobaron gran cantidad de estudios (todos los requeridos y más), se emitieron conceptos técnicos por parte de las Autoridades Ambientales y terceros no vinculados  hicieron evaluaciones, evidenciando todos la bondad ambiental del proyecto. Argumentos insustanciados y falaces, repetidos hasta convertirlos en “verdades”, como la supuesta afectación de las fuentes de agua de la ciudad cuando el proyecto está muy por debajo del nivel de captación de dichas aguas, han resultado más efectivos que los estudios técnicos debidamente verificados por la Autoridad Ambiental. Ha podido más el miedo irracional; miedo a lo imaginario, sin pruebas ni indicios fácticos.

Desgraciadamente, el temor a un daño ambiental imaginario produjo daños reales. La suspensión de las licencias es un hecho real con consecuencias inmediatas e irreversibles: familias sin ingreso por suspensión de las obras, demora en la entrega de viviendas, zozobra de los funcionarios que exigieron, verificaron y aprobaron los estudios previos, desaliento de inversionistas y aumento de costos financieros y de construcción.

Y, para completar, los efectos reales no se limitan a este proyecto. Con la suspensión de las licencias de Tierraviva con base en “argumentos” y “lógicas” como los usados, a los constructores no les queda otra alternativa diferente  que aumentar sus márgenes de utilidad y acumular efectivo para estar preparados ante eventuales denuncias temerarias contra sus propias licencias. El precio de la vivienda subirá para protegerse de las consecuencias de la providencia judicial basada en el miedo irracional. Y si continúa este tratamiento de las reglas, trámites y permisos, cada vez será mayor el precio a pagar. Así, ¡Todos  perdemos!